TOMA DE POSESIÓN DE URIBE


7 DE AGOSTO DE 2002

COMUNICADO DE PRENSA


La ONG denuncia los planes de Uribe de crear un cuerpo de un millón de
informantes, lo que involucraría aún más a la población civil en el
conflicto

Amnistía Internacional, preocupada por la "mano dura" que anuncia el nuevo
presidente de Colombia

Amnistía Internacional (AI) ha manifestado hoy: "Cuando Álvaro Uribe Vélez
asuma la presidencia de Colombia el 7 de agosto no podrá ignorar la
responsabilidad que tiene de hacer que los derechos humanos de todos los
colombianos sean prioritarios".

En una carta dirigida al nuevo presidente, la organización le insta a
desarrollar una política integral en materia de derechos humanos, que
sirva para atajar la creciente situación de crisis en que esos derechos se
encuentran sumidos en el país. La Sección Española de AI ha enviado
también una carta al Príncipe de Asturias, que asistirá a la toma de
posesión de Uribe, solicitándole que plantee al nuevo presidente las
recomendaciones de la organización.

"La nueva presidencia comienza su andadura en unos momentos en que la
crisis de los derechos humanos en Colombia se está agudizando y millones
de personas en todo el país sufren a diario las consecuencias de la
violencia política y las violaciones de derechos humanos perpetradas por
las dos partes implicadas en el conflicto", ha declarado Amnistía
Internacional.

Peter Drury, investigador de AI para Colombia, ha añadido: "El nuevo
presidente se enfrenta ahora a una disyuntiva fundamental: puede optar por
actuar para atajar la crisis de derechos humanos o aplicar políticas
susceptibles de empeorarla".

Existen unas líneas básicas de actuación que el gobierno debe emprender
para poner coto a la situación de emergencia de derechos humanos,
resumidas en las recomendaciones que las Naciones Unidas han formulado
insistentemente de acabar con la impunidad, combatir a los grupos
paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, y
proteger a los defensores de los derechos humanos y otros sectores
vulnerables de la sociedad civil, como los sindicalistas y las comunidades
afrocolombianas.

Amnistía Internacional ha subrayado: "Muchos de los planes que el
doctor Uribe ha anunciado parecen ir contra el espíritu de esas
recomendaciones y suponen una amenaza real de empeoramiento del conflicto,
socavando la protección de los civiles y ofreciendo más impunidad a los
violadores de derechos humanos".

En su carta, la organización reitera su preocupación por algunos planes
del que será presidente de Colombia, como la creación de una milicia civil
de informantes integrada por un millón de personas, medida con la que se
corre el riesgo de involucrar aún más a la población civil en el conflicto
y de consolidar la estrategia paramilitar respaldada por el ejército.
Otros de esos planes son otorgar a las fuerzas armadas atribuciones
propias de la policía judicial y permitir al ejército que practique
registros domiciliarios y detenciones sin autoridación judicial, lo que
podría facilitar el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos
que perpetren las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares.

También son preocupantes los planes de restablecer la facultad
presidencial de decretar el estado de sitio, que facilitaría la comisión
de violaciones de derechos humanos al suprimir la supervisión judicial y
legislativa y hacer caso omiso de las salvaguardias internacionales sobre
los estados de excepción.

Amnistía Internacional ha añadido: "El doctor Uribe viene declarando que
lo que le hace falta a Colombia es 'mano firme' para resolver el
conflicto, garantizar la seguridad y atajar el pertinaz crecimiento de los
niveles de violencia. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una
voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos".

Los grupos insurgentes, que también han sido responsables de numerosas
violaciones del derecho internacional humanitario, deben asumir su
responsabilidad por perpetuar la escalada de violencia en Colombia. AI
condena sin paliativos los homicidios de civiles, los secuestros
perpetrados por esos grupos y los ataques indiscriminados contra objetivos
militares que han provocado heridos y muertos entre la población civil.

La organización ha preguntado también al Sr. Uribe cuál es el uso que se
está dando al material de defensa español y europeo exportado a Colombia.
AI considera que el gobierno español debe denegar cualquier licencia de
exportación de material a Colombia que pueda ser utilizado para cometer
violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra.

En junio de este año, la Armada Nacional de Colombia anunció que compraría
dos aviones patrulleros marítimos CN-235, de fabricación española, para
"labores de patrullaje marítimo, operaciones de búsqueda y rescate, de
vigilancia y seguridad, y de persecución al narcotráfico". Amnistía
Internacional ha pedido también al Príncipe de Asturias que se interese
por las garantías que el gobierno español obtiene de que estos aviones no
se utilizarán en operaciones en las que resulten violados los derechos de
la población civil.

La organización concluye: "Uno tras otro, los sucesivos gobiernos
colombianos han fracasado en su empeño y permitido el sacrificio de los
derechos humanos en aras de la seguridad y de estrategias
contrainsurgentes. Ha llegado la hora de comprender por fin que la
seguridad no puede nunca lograrse a costa de los derechos humanos. Ha
llegado la hora de que el nuevo presidente opte por la alternativa
correcta para los derechos humanos en Colombia".

* Si desean información actualizada sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, o leer el texto completo de la carta remitida al
presidente Uribe, visiten en internet:

Español: http://www.edai.org/temporal/colombia/colombia.htm
Inglés: http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_colombia

****************************************
Si desean entrevistas con Francisco José Campo, defensor de derechos
humanos colombiano acogido por Amnistía Internacional en España por haber
sufrido persecución en su país, pónganse en contacto con el gabinete de
prensa en los teléfonos 91 310 12 77 o 630 746 802 o a través del e-mail
czafra@a-i.es.

Celia Zafra Cebrián
Responsable de prensa-press officer
Amnistía Internacional-España/ Amnesty International-Spain
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